Jorge Di Pascuale

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El 29 de Diciembre de 1976 un grupo de hombres armados, y sin más razón que la fuerza, se llevó a nuestro Secretario General, Jorge F. Di Pascuale. Desde ese momento hasta la fecha se realizaron innumerables gestiones para conocer su paradero, pero todas resultaron infructuosas. Sus familiares, amigos, compañeros de la Asociación de Empleados de Farmacia, instituciones y personalidades nacionales e internacionales y aún los distintos gobiernos extranjeros, invariablemente recibieron la misma respuesta por parte de los sucesivos gobiernos militares: un silencio culpable.

Probablemente creyeron que el silencio los ayudaría a eludir inevitables responsabilidades, y que en transcurso del tiempo terminaría por enfriar la misma pasión de los reclamos, pero se equivocaron.
Estos años de oscuridad, de descreimiento, de frustración, de injusticia y de dolor han templado nuestro ánimo. Como el pueblo, al que pertenecemos, no por adscripción sino por origen, ideología y destino, y junto al cual transitamos el arduo pero fecundo camino hacia la liberación de nuestra patria, hemos madurado en la adversidad. Al amparo de sus rigores hemos fortalecido y agigantado nuestra fe, nuestras convicciones y nuestro valor. Esta circunstancia determina que hoy nos encontremos de pie, más firmes que ayer, exigiendo el inmediato esclarecimiento de lo ocurrido a Jorge F. Di Pascuale.

A pesar del entrañable afecto que nos une a nuestro Secretario General, no magnificamos el suceso. Sin embargo, el hecho constituye, indudablemente, una grave violación de los derechos humanos y, carente de fundamentos jurídicos y politicos, sólo puede inscribirse como una brutal expresión de la ominosa Doctrina de la Seguridad Nacional.

Esta afirmación con todo lo elocuente y veraz que puede resultar, nos obliga a formar algunas reflexiones sobre su real significado en la vida nacional.
En la Argentina, como en otros países latinoamericanos, la Doctrina de la Seguridad Nacional ha servido de ideología justificadora de una minoría que, en su nombre, se adueñó del poder, se autoproclamó defensora de la civilización occidental y cristiana, dividió a los argentinos en réprobos y elegidos, concentró todas sus energias en descubrir enemigos interiores y, finalmente, con la excusa de combatir a un terrorismo minoritario, sin arraigo popular, instauró un terrorismo de Estado, tan reprobable como el otro, que vulneró las normas escenciales de la convivencia civilizada, despreció la moral cristiana y sepultó los derechos y garantías reconocidos a los argentinos por la Constitución Nacional.
Lamentablemente, este rosario de desventuras y desaciertos que se enhebró durante estos años desde la soledad de poder no fué producto de la casualidad ni de una apreciación equivocada, sino la descarnada manifestación de un proyecto politico y económico que, para su properidad, necesitó organizar la destrucción del hombre y la tierra argentinos.
El secuestro y posterior desaparición de Jorge F. Di Pascuale, como el de tantos otros compatriotas, demuestran con dramática expresibidad cómo operaba la Doctrina de la Seguridad Nacional en la realidad jurídica y politica argentina.

En lo jurídico, esta violencia irracional significa el absoluto desconocimiento de los derechos de la personalidad, entre los que se cuentan los derechos a la vida y a la integridad física, incluidos entre los que enunncia el articulo 33 de la Constitución Nacional; la violación del derecho a la libertad, que no se reduce a declaraciones abstractas, sino que adquiere expresión concreta en el derecho a no ser arrestado sin causa justa y sin forma legal; y el total desprecio por el habeas corpus, la garantía instituida para proteger la libertad individual contra los excesos del Estado.
Sin embargo, esto no es todo. También se ha vulnerado la seguridad jurídica, valor escencial de la sociedad moderna, al negarse el derecho a la jurisdicción, que se asegura con las garantías del debido proceso y de los jueces naturales, que en principio, importan la sustanciación de un juicio ante un tribunal de justicia, designado por la ley, y el cumplimiento de las etapas de acusación, defensa, prueba y sentencia. Finalmente, debemos tener en cuenta que las funciones judiciales son indelegables y que la Constitución le prohibe al propio Presidente de la Nación ejercerlas, aún durante el estado de sitio. Pero ninguna de estas consideaciones detuvo al gobierno militar, que no tuvo el menor escrúpulo en usar direccionalmente el poder para imponer su modelo de sojuzgamiento nacional y exclusión popular.

En cuanto a lo político, en Jorge F. Di Pascuale no se ha reprimido a un subersivo, a un corrupto o a un servidor de ideologías extremas, a los que, por otra parte, nada autoriza a sustraerlos de la mano de la justicia. No, en él se ha pretendido sofocar las genuinas concepciones y aspiraciones revolucionarias del pueblo argentino, ésas que no se nutren de modelos  transplantados mecánicamente ni de odios cerriles, porque su fuerza les viene de la memoria y de la práctica colectiva de un pueblo que hizo la independencia con San Martín, que la defendió con los caudillos federales, que creció políticamente con el yrigoyenismo y que , por fin, encontró en el peronismo la sustancia social que lo encaminó hacia la auténtica liberación del hombre argentino.
Este gobierno militar, embriagado de autoritarismo y de soberbia, en Jorge F. Di Pascuale ha perseguido antes que a un dirigente sindical representativo, comprometido con la vida y el destino de los trabajadores, a una conducta sin dobleces, a una definición ideológica y política,  a una consciencia al servicio de la patria y de su gente, a una permanente vocación por la libertad, la justicia y la dignidad humana, a una pasión por la participación y el protagonismo popular en la realización de una sociedad  justa y democrática. Estas razones son las que han alentado la ciega violencia descargada sobre nuestro Secretario General. Las que pudiera invocar el gobierno de las Fuerzas Armadas para justificar su proceder, seguramente sólo servirán para acrecentar su ya interminable desprestigio.

En estos tiempos en que se promete institucionalizar la República, se llama al diálogo y se predica a la reconciliación de los argentinos, las autoridades de esta etapa del proceso militar tienen la oportunidad de demostrar la seriedad y el alcance de sus propósitos, ofreciendo la respuesta que  hasta ahora han negado con tanto empecinamiento. Deben saber, como lo sabemos nosotros y todos los sectores de la vida nacional, que la desaparición de Jorge F. Di Pascuale, como la de cualquier argentino, exige un inmediato esclarecimiento y el juzgamiento de todos los responsables. Hemos crecido lo suficiente como para abrigar estériles deseos de revancha. Pero también amamos demasiado a nuestro país  y creemos fervientemente en la democracia como para pensar que podemos empezar a reconstruir la sociedad argentina sobre una herida abierta, que implica un agravio hacia la dignidad humana y a las normas primarias de convivencia social. Ninguna sociedad puede edificar su futuro sobre la impunidad de los violentos. Esto sería como apostar a la muerte y nosotros creemos profundamente en la vida,  en una vida plena, con justicia en la distribución de la riqueza y con respeto por la persona humana, en la que el hombre puede realizar su destino trascendente.

La iglesia ha señalado las bases de la única reconciliación posible : la verdad, arrepentimiento, justicia y misericordia. Y a  ellas adherimos. Esperamos que también lo hagan los responsables de este inicuo proceso militar y pongan lo que deben : la verdad y el arrepentimiento, porque al pueblo le corresponden la justicia y la misericordia. Solo cuando se hallan dado estos pasos podremos comenzar a levantar el país justo, libre y soberano con el que soñaron los mejoes hombres que dió esta tierra y con el que todavía soñamos la inmensa mayoría de los argentinos.


Alfredo Luis Ferraresi

      Horacio P. Mujica